Derechos de papel. Pacto Civil de Solidaridad en Coahuila
tomado de notiese.org
Los Pactos Civiles de Solidaridad llenaron los titulares de los medios en 2007. Coahuila pasó a la historia como el primer estado de México en tener vigente una legislación para la unión civil entre parejas del mismo sexo. A cinco años de esta medida del gobierno, sólo 279 parejas del mismo sexo han realizado el enlace y la discriminación en el estado prevalece.
“Todas son closeteras, ¿no?”, pregunta Glenda y Carlos asiente mientras observa la pantalla de su celular en busca de un nombre más, una pareja del mismo sexo que haya hecho el Pacto Civil de Solidaridad (PCS) en Coahuila y que quiera dar su testimonio. Entre los activistas de la comunidad Lésbico, Gay, Bisexual y Trans (LGBT) los nombres se barajan pero las opciones son pocas.
Es casi imposible localizar a una pareja que haya hecho el llamado “matrimonio coahuilense”, que según testimonios recabados por Letra S en realidad equivale a un testamento compartido o a una simple unión simbólica sin derechos compartidos. Una pareja que realiza el pacto no pude solicitar un crédito mancomunado en el Infonavit, por ejemplo.
En el primer estado del país en permitir las uniones civiles entre parejas del mismo sexo (en el Distrito Federal la Ley de Sociedades de Convivencia entró en vigor el 16 de marzo de 2007 y en Coahuila el PCS entró dos meses antes: el 12 de enero), sólo 59 parejas se enlazaron por este recurso en 2011, y de éstas sólo 30 por ciento son de Coahuila, el resto son de otros estados de la República.
“Como se le dio mucha difusión a nivel nacional e internacional, por eso empezaron a llegar parejas de otras partes a unirse aquí. Pero a las locales pues no, no les ha caído el veinte de lo que sucedió; ni de que existe una oficina de igualdad, ni de que hay una autoridad que de alguna manera las puede proteger”, señala con resignación Glenda Prado, directora del Centro Cultural la Cihuacoatl, organización que promueve derechos humanos y desarrolla actividades sobre diversidad sexual.
En los cinco años que lleva en vigor el PCS sólo 279 parejas del mismo sexo han recurrido a él.
A la par de los pactos, en Coahuila se creó la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación. Con esta política el entonces gobernador de Coahuila, Humberto Moreira, pronosticaba: “disminuirá la discriminación, la cual debemos eliminar”.
Pero en los últimos tres años, desde que Moreira se fue a la dirigencia nacional del PRI, organizaciones civiles se quejan de la poca o nula importancia que se le da a la información y prevención para garantizar el bienestar de la comunidad LGBT en Coahuila, estado donde han sucedido crímenes de homo y transfobia e incluso se canceló una marcha del orgullo gay en Acuña por amenazas. La propia titular de la Dirección para Promover la Igualdad y Prevenir la Discriminación, Laura Martínez, reconoce que existen agresiones contra homosexuales, lesbianas y transexuales, principalmente por parte de policías.
Jugada política
A cinco años de que el ex gobernador de Coahuila y ex presidente nacional del PRI anunciara en su estado: "debemos ponernos la mano en el corazón y darnos cuenta de que (los homosexuales) son seres humanos que quedan en desventaja total”, la política pública del “Gobierno de la Gente” no tuvo una recepción positiva.
Y es que nunca se consultó a un solo representante, a ninguna organización de la comunidad LGBT para que participara en la constitución del PCS y las reformas del Código Civil de Coahuila.
“Sí debió haber un sondeo por parte de las autoridades entre las asociaciones y las figuras públicas de la comunidad lésbico-gay. Se debió tomar en cuenta qué era lo que la comunidad quería y necesitaba”, señala al respecto Edwin Morquecho, integrante del Colectivo LGBT Hazte Visible, respecto a la propuesta legislativa de los PCS y que en 2007 fue presentada por la diputada local priista Julieta López Fuentes.
Desde su surgimiento, la nueva legislación caía en contradicciones discriminatorias como la de prohibir a parejas del mismo sexo adoptar hijos. Por eso, apenas el 28 de noviembre pasado el Tribunal Superior de Justicia del Estado de Coahuila (TSJC) determinó la inconstitucionalidad del numeral 7 del artículo 385: “los compañeros civiles del mismo sexo no podrán realizar adopciones en forma conjunta ni individual. No podrán compartir o encomendar la patria potestad o guardia y custodia de los hijos menores del otro. Es nulo de pleno derecho cualquier pacto que contravenga esta última disposición”.
“A lo mejor nos la vendieron diferente”, dice Daniel Arroyo Pérez, quien realizó el pacto con su pareja Gabriel Vázquez Díaz hace año y medio. Sobre los propósitos de los pactos Gabriel acota: “la finalidad que traía la diputada (Julieta López Fuentes) cuando hizo la iniciativa era otra, no la logró desde cierto punto de vista, pero sí hubo un avance en cierta forma”.
Si bien una gran parte de los activistas locales reconocen que los PCS ayudaron a poner sobre la mesa las necesidades de la comunidad LGBT en Coahuila, su motivación es distinta a la de gays y lesbianas que están de acuerdo en casarse y formar una familia en una región con puntos de vista encontrados sobre los derechos y garantías de las parejas del mismo sexo.
Por ejemplo, Torreón –una de las ciudades más grandes de Coahuila con cerca de 610 mil habitantes– es una de las tres de todo el país que, según los resultados de la Encuesta Nacional de Discriminación 2010 del Conapred, está más en desacuerdo con la adopción de niños por parte de parejas de gays y lesbianas.
“Fue un movimiento político por parte del ex gobernador Moreira en aquella época. Y se fue él y toda la estructura que se había armado –como la oficina de igualdad–, los programas que supuestamente se iban a implementar en beneficio de la comunidad LGBT, todo se fue quedando sin presupuesto”, dice Glenda Prado.
La discriminación continúa
Organizaciones civiles se quejan de la falta de recursos que invierte el gobierno del estado en políticas públicas informativas, educativas y de seguridad que promuevan la igualdad, que ayuden a disminuir la discriminación y erradicar la homofobia y transfobia, problemas que en Coahuila han derivado en tragedias.
“Creemos que diversos asesinatos que han ocurrido aquí en Saltillo son crímenes por homofobia (…); hace seis, siete meses, asesinaron a un compañero de la diversidad sexual, lo asesinó una persona que en el momento en que declara dice que lo asesinó porque le tocó la pierna y que se le estaba insinuando; lo apuñaló. Sin embargo no se catalogó como un crimen por homofobia”, reportó Carlos Llamas de Jóvenes Prevenidos A.C., quien ha recabado en tres años alrededor de 53 casos de quejas por agresiones principalmente de autoridades policiacas contra homosexuales y lesbianas.
“Por el conservadurismo, no solo de la sociedad en general sino también de la misma comunidad gay, no se quejan cuando hay agresiones, prefieren callarse. Las familias cuando les han asesinado a algún miembro prefieren silenciar por la vergüenza de que se descubra que tienen un hijo o un pariente gay”, indicó al respecto Glenda Prado. “Esas leyes quedaron en letra muerta, el Pacto de Solidaridad no te protege”.
La propia autoridad no equipara los pactos a los matrimonios, aunque desde su óptica sirven para garantizar la seguridad social de las parejas que los suscriben. Al respecto, la funcionaria Laura Martínez explica que son para parejas que “no necesariamente tienen que contraer matrimonio o tienen que ser del mismo sexo, es decir, es un mecanismo, una adición a las instituciones del Registro Civil que permite a personas que tienen características o necesidades diferentes la protección y salvaguarda de sus vidas, sus personas, a través de la solidaridad”.
Una de las principales motivaciones de Daniel y Gabriel, además de asegurar su patrimonio compartido, era cierta protección contra el hostigamiento de la autoridad en las calles. “Se supone que el papelito también debe valer en ese sentido para que no te metan a la cárcel, para que no te digan que por qué, gay, andas haciendo esto”, indicó Daniel.
Uno de los actores locales con mayor oposición al pacto fue el Partido Acción Nacional (PAN). Paradójicamente, el recurso que se presentó ante el TSJC era de dicho partido pero buscando la inconstitucionalidad de la legislación de los PCS. La decisión final del Tribunal terminó por permitir la adopción a las parejas del mismo sexo.
Por su parte, la diputada local Esther Quintana se manifestó contra el pacto y la adopción entre parejas del mismo sexo durante su gestión como presidenta del PAN de Coahuila en el sexenio de Moreira. Sobre el tema, señaló: “y se habla de que en estas personas no hay una… como le diré, o sea, su estado emocional es muy variable y entonces no es factible –y no digo que todos, pero la generalidad, y hay excepciones– su misma emotividad, su misma manera de ser no les da estabilidad para sostener una relación a largo plazo”. Aunque las cifras dicen lo contrario pues sólo ha habido 21 separaciones, que representan apenas 7.5 por ciento del total de los pactos realizados.
Glenda Prado hace su evaluación sobre la aceptación social a los pactos y la discriminación contra miembros de la comunidad LGBT en la capital del estado: “Saltillo de alguna manera es un faro de tolerancia –tolerancia, no aceptación– en el norte (de México). No es el paraíso, pero hay lugares peores”.
El balance final es positivo
Carlos Llamas ilustra la situación actual comparándola con la de hace 10 años: “antes había el ‘servilletazo’: los policías, si veían a una persona que tenía tendencias homosexuales, lo agarraban en la calle y le pasaban una servilleta y si traía maquillaje lo cargaban y se lo llevaban. Y el día de hoy ya no te detienen a menos que vayas con tu pareja de la mano, en algunos casos”.
Algunos activistas locales incluso señalan que el PCS fue una estrategia del gobierno estatal para recabar más dinero con estos enlaces, o que fue una política fachada, de papel, para que pudiera venderse en el curriculum del ex gobernador Humberto Moreira que durante su gobierno Coahuila se transformó en un estado vanguardista, con un vistoso lugar en el mapa mundial de los lugares donde existen uniones legales entre personas del mismo sexo.
Aun con todo lo negativo, la mayoría de las opiniones coinciden en que el balance final de estos pactos que emulan a una legislación francesa de uniones solidarias civiles y no a un matrimonio, es positivo. Como lo describe Daniel Arroyo, “el pacto a lo mejor fue una falacia, pero a fin de cuentas la gente se motivó –al menos mucha– a hacerlo, y de ahí tiene que seguir otra cosa”.
*Publicado en el número 187 del Suplemento Letra S del periódico La Jornada el jueves 2 de febrero de 2012